La seguridad que responde a Petro y los riesgos institucionales de reestructurar la UNP en año electoral.
Por Orlando Ladeutt
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Hay decretos que se anuncian como simples ajustes administrativos, pero que en realidad reordenan el poder. El Decreto 020 del 15 de enero de 2026, que modifica toda la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, pertenece a esa categoría peligrosa: la de las decisiones que parecen técnicas, pero operan políticamente. En ese contexto, la discusión sobre la UNP y el riesgo de una seguridad que responde a Petro no es menor.
En el papel, el argumento es impecable: fortalecer la UNP, estabilizar empleos y responder a una demanda creciente de protección. Nadie sensato podría oponerse a que el Estado cuide mejor la vida de quienes están en riesgo. El problema no es el qué, sino el cuándo, el cómo y el para qué.
“UNP y el riesgo de una seguridad que responde a Petro”
Un decreto en año electoral
Porque no estamos en un año cualquiera. Estamos en un año electoral. Y en los años electorales, toda expansión del poder estatal sobre personas, información y lealtades debe leerse con lupa. Cuando se analiza la UNP y el riesgo de una seguridad que responde a Petro, el contexto político no puede ignorarse.
¿Hay prueba de que el Gobierno esté usando la UNP con fines electorales? No.
¿Existen condiciones para que eso ocurra? Claramente sí.
Y en democracia, las condiciones importan tanto como los hechos consumados.
La intimidad nacional como factor de poder
La UNP no es una oficina administrativa más. Es una entidad que conoce horarios, rutinas, desplazamientos, temores y círculos íntimos de líderes sociales, periodistas, opositores, magistrados y figuras públicas. Maneja, en términos reales, la intimidad nacional. Y ahora, mediante este decreto, el Ejecutivo redefine quiénes —y cuántos— acceden a esa intimidad.
Modificar la planta de personal no es un acto neutro. Implica decidir qué cargos existen, cuáles desaparecen, a quién se nombra, a quién se encarga y a quién se deja en la incertidumbre. En una entidad con altos niveles de provisionalidad, esto no es una reorganización abstracta: es una palanca de poder silenciosa.
No hace falta despedir a nadie. Basta con que todos entiendan que su estabilidad depende de la voluntad del poder central. En ese punto, la UNP y el riesgo de una seguridad que responde a Petro dejan de ser una hipótesis académica.
Análisis Y Opinión
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Memoria institucional y advertencias del pasado
Aquí es donde la memoria institucional deja de ser un ejercicio académico y se convierte en una advertencia concreta. La historia reciente de Colombia debería bastar para encender las alarmas. Ya vimos lo que ocurre cuando las entidades de seguridad se confunden con proyectos políticos.
Aprendimos —a un costo altísimo— que el poder concentrado sin controles termina desviándose, no porque todos sean villanos, sino porque el diseño institucional lo permite.
El DAS tampoco nació como una maquinaria ilegal. Durante años operó bajo el amparo de la ley, con funciones legítimas y un discurso de seguridad nacional. Su degradación no comenzó con delitos, sino con algo más sutil: la subordinación progresiva de lo técnico a lo político.
Primero fueron nombramientos. Luego silencios. Después, lealtades. Cuando el país reaccionó, la entidad ya no protegía al Estado, sino al poder.
La comparación incomoda, pero es necesaria.

“UNP y el riesgo de una seguridad que responde a Petro”
Seguridad, poder y límites
El DAS vigilaba; la UNP protege. Esa diferencia es real y debe reconocerse. Pero ambas comparten un punto crítico: concentran información sensible sobre personas clave del país y dependen directamente del Ejecutivo.
La experiencia demuestra que cuando ese poder se reorganiza sin contrapesos claros, especialmente en contextos de polarización y elecciones, el riesgo no es hipotético, es institucional. La UNP y el riesgo de una seguridad que responde a Petro deben analizarse desde esa óptica.
No se trata de afirmar que hoy exista persecución política desde la UNP. Sería irresponsable decirlo. El punto es otro, más profundo y más incómodo: las instituciones no se desvían de golpe.
Se erosionan paso a paso, decreto a decreto, nombramiento a nombramiento, hasta que la frontera entre lo técnico y lo político deja de ser nítida.
Reestructurar la UNP en este momento no es ilegal. Pero es imprudente. Y en una democracia frágil, la imprudencia del poder siempre deja huella.
El problema no es si el Decreto 020 es legal. El DAS lo fue durante años. El problema es qué tipo de poder se construye cuando nadie pone límites en el momento preciso.
“UNP y el riesgo de una seguridad que responde a Petro”
Las instituciones de seguridad no se tuercen de un día para otro. Se acostumbran. Primero a obedecer, luego a callar y, finalmente, a servir. Y cuando eso ocurre, ya no importa quién gobierne: el daño queda instalado.
Porque el poder que dice cuidar vidas, cuando no acepta límites, termina decidiendo cuáles importan.
Autor: Orlando LadeutT © Todos los derechos reservados.
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