Rafael Rodríguez-Jaraba analiza las multitudinarias marchas del 7 de agosto como un Rechazo a la Ilegalidad de la sentencia contra Uribe. El autor presenta 12 peticiones al Tribunal Superior de Bogotá para sentar un precedente histórico en defensa de la democracia y el debido proceso.
Por: Doctor Rafael Rodriguez-Jaraba
X Twitter: @RRJARABA

Si algo me merece respeto y acato, son las decisiones de los jueces, al punto que no tolero que, en mi presencia, se someta a duda o escrutinio la integridad, el saber y la virtud, así como el buen juicio de quienes las profieren, a menos que -excepcionalmente- se evidencie que ellas, son resultado de errores, yerros o felonías. Estimo que ningún oficio reviste mayor dignidad, responsabilidad y autoridad, que el de los jueces; su labor es esencial para el mantenimiento del orden, la libertad, y la seguridad física y jurídica de la sociedad, y su proceder, siempre en favor y defensa de la verdad, los convierte en guardianes de la justicia y garantes de la equidad.
Los jueces encarnan el alma pulcra, la conciencia limpia, la mente diáfana y el discernimiento esclarecido de las naciones, y su trabajo es decisivo para mantener el orden y la armonía social. No en vano en las naciones civilizadas, los jueces junto con los maestros y los soldados, son los ciudadanos más apreciados y respetados por la comunidad; en Colombia, deberíamos tener la misma percepción de ellos.
Si algo deben tener los jueces, es autonomía, independencia y neutralidad, así como solvente conocimiento especializado, no siendo admisible que, en el ejercicio de sus cargos concurran incompetencias profesionales, impedimentos éticos. incompatibilidades legales o conflictos de interés. No siendo poco lo anterior, sus actuaciones deben transmitir, aplomo, precisión, prudencia, mesura y serenidad.
Rechazo a la Ilegalidad
De ahí que toda sentencia proferida por un juez, merezca obediencia y cumplimiento, sin perjuicio que las partes en contienda, puedan ejercer el derecho a interponer los recursos que establece la ley, cuando adviertan que se profana el debido proceso, el derecho a la defensa o a la presunción de inocencia, y con mayor razón, cuando el juez desconozca hechos ciertos con valor probatorio claro e irrebatible, o cuando se lo atribuya a hechos inciertos o no probados. Pero mi respeto por los jueces no incluye, indulgencia y sometimiento a sus errores, yerros o eventuales despropósitos, máxime, cuando son flagrantes, violentan el orden constitucional y legal, perjudican injustamente a inocentes y, en consecuencia, ensombrecen la administración de justicia.
Esta es una clara razón para el Rechazo a la Ilegalidad. Es por lo anterior que considero que la conducta observada por la señora juez Sandra Liliana Heredia durante todo el juicio que le siguió al ciudadano Álvaro Uribe Vélez, y, en especial, durante las audiencias de anuncio del sentido de su sentencia y de dosificación de las penas que le impuso, fue contraria a derecho por incurrir en faltas inexcusables que ponen en entredicho su neutralidad y minan la legitimidad de sus decisiones por transgredir de manera abierta y ostensible el ordenamiento constitucional y legal.
El Oprobio de la Justicia: Un Fallo Viciado
Si bien la sentencia que profirió la señora juez Sandra Liliana Heredia merece respeto y goza de presunción de legalidad, como todas las decisiones y sentencias de los jueces, la ciudadanía, la comunidad jurídica, la academia y las mismas autoridades judiciales, no pueden guardar silencio y dócilmente plegarse ante tanto despropósito y atropello. Si alguien o algo terminó perjudicado con las inexcusables tropelías de la señora juez Sandra Liliana Heredia, fue la justicia, por verse ensombrecida y seriamente comprometida su autonomía, independencia y neutralidad, así como por la violación manifiesta de las garantías procesales.
La rama judicial no puede permitir que una juez enceguecida por la pasión y movida por la animosidad, dicte una sentencia condenatoria sin evidencia alguna de responsabilidad del procesado, y con ello mancille la majestad, el decoro, la dignidad y la autoridad de jueces, magistrados, juzgados, tribunales y cortes. Esto justifica el Rechazo a la Ilegalidad. Lo actuado por la juez Heredia merece el más severo rechazo, repudio y condena, y, probablemente, su remoción. Sus decisiones no fueron el resultado de errores, equivocaciones o yerros; no, sus actuaciones fueron deliberadas, y no siendo poco, además, de carentes de fundamentos legales, valor probatorio y argumentos jurídicos, fueron, irónicas, sarcásticas, irrespetuosas y provocadoras.
Rechazo a la Ilegalidad
Es por eso que ahora, la defensa técnica del ex presidente Álvaro Uribe Vélez tiene la oportunidad de controvertir, rebatir y desvirtuar, cada una de las valoraciones, de las prédicas y de las contraevidentes decisiones adoptadas por la juez Heredia, y, lo más importante, solicitar al honorable Tribunal Superior de Bogotá que, además de revocar en un todo la infundada sentencia de la juez Heredia, que establezca un precedente judicial que marque un hito en la historia judicial de Colombia.
Análisis Y Opinión
Si el artículo de “¡Histórico! Rechazo a la ilegalidad y defensa de la democracia” te resulta alarmante, es porque lo es. La comprensión profunda de este fenómeno requiere análisis serio, valiente y sin filtros.
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Un Precedente para la Historia de Colombia
Y es que el honorable Tribunal Superior de Bogotá, tiene una oportunidad inestimable y, ojalá, irrepetible, para fijar una posición ejemplarizante, de manera que en Colombia:
- Nunca jamás, se vuelva a negar el libre acceso a la justicia.
- Nunca jamás, se vuelva a violar el derecho constitucional al debido proceso.
- Nunca jamás, se intente juzgar a alguien, desatendiendo las leyes preexistentes al acto que se le imputa, valiéndose de tesis o doctrinas foráneas ajenas el ordenamiento legal interno, las que por ser inaplicables son inválidas.
- Nunca jamás, se permita que -así sea por tránsito de legislación- una persona indiciada se convierta en sindicada, en razón a que, con ello, se viola el principio de favorabilidad de la ley penal.
- Nunca jamás, se vuelva a burlar el precepto constitucional que establece que es nula, de pleno derecho, toda prueba obtenida con violación del debido proceso, como lo hizo la juez Heredia.
- Nunca jamás, se vuelva a quebrantar el derecho constitucional al secreto profesional, como se sucedió en el proceso.
- Nunca jamás, se vuelva a transgredir el principio fundacional del derecho penal, como es el de presunción de inocencia, el que legalmente se define: “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal”. La señora Juez, las supuestas víctimas y algunos medios, no han cesado de infringir este precepto.
- Nunca jamás, se permita invertir la carga de la prueba, de manera que sea la fiscalía la que deba probar la responsabilidad del procesado, y no el procesado quien deba probar su inocencia, como de hecho, esto último, sucedió en el proceso.
- Nunca jamás, se vuelva a contravenir el principio “in dubio pro reo”, de manera que, como la ley lo prescribe, toda duda razonable que se presente en un proceso, se resuelve en favor del procesado.
- Nunca jamás, se permita que un juez se burle del sistema oral, al tomarse la libertad de anunciar el sentido de una sentencia, mediante la lectura de un documento dislocado, enrevesado e inapropiado de más de 1.000 folios.
- Nunca jamás, se condene a un procesado sin demostrarse de manera cierta e irrefutable su responsabilidad en la comisión del delito del que se le acusa; y, lo más importante,
- Nunca jamás, se profiera una sentencia condenatoria sin existir pleno convencimiento y certeza, derivadas de pruebas irrefragables, en cuanto a la responsabilidad penal del acusado. Ni valiéndose de pruebas ilegalmente obtenidas, la fiscal y la juez Heredia, pudieron probar la responsabilidad del ex presidente Uribe. Todo esto es la base para el Rechazo a la Ilegalidad. Como lo manifesté la semana anterior, lo ocurrido en las dos audiencias finales del proceso, fue francamente vergonzoso, lo que empequeñece la administración de justicia, y socava su transparencia y autoridad, y, además, envía un mensaje equívoco a la sociedad.
Justicia Selectiva y Vergüenza para la Rama Judicial
No extraña que, notables exmagistrados, prestigiosos juristas, y encumbrados académicos y catedráticos al unísono, consideren que tanto la manera como se surtió el proceso, y la forma en que se sentenció, contraviene abruptamente el ordenamiento constitucional y legal, y violenta principios y normas procedimentales, como son las que regulan el debido proceso, el secreto profesional, la presunción de inocencia, la carga de la prueba, y el más importante, la presencia obligatoria de convicción y certeza, como condición para poder imponer una condena, y solo con fundamento en hechos probados. El Rechazo a la Ilegalidad es la única respuesta posible.
En el juicio del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, antes que probarse su responsabilidad, su defensa técnica probó su absoluta inocencia. No hay peor delito que el de administrar justicia de manera selectiva, sesgada y parcializada, y eso es lo que, al parecer, se consumó en este vergonzoso proceso, tal y como la nación lo presenció, y en el que, al parecer, se cometieron más delitos que el que infructuosamente -por no haberse cometido- se intentó probar.
Rechazo a la Ilegalidad
Este remedo de juicio, será mácula indeleble de desprestigio y repudio para quienes actuaron como juez y fiscal, y para la administración de justicia que la afrenta, así como motivo de vergüenza para la inmensa mayoría de fiscales, jueces, magistrados, conjueces y abogados, por ponerse en duda la majestad del derecho, y la integridad y dignidad de toda la rama jurisdiccional.
Dignidad de Uribe y Rectificación de la Justicia
Para revertir esta parodia de proceso, insisto, la defensa técnica del ex presidente Uribe tiene la oportunidad de rebatir y desvirtuar la dislocada sentencia de la señora juez Sandra Liliana Heredia, y a su vez, el Tribunal Superior de Bogotá, de sentar un precedente judicial para evitar que lo ocurrido vuelva a suceder. Al final, y a pesar de tantas ilegalidades, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez terminó dignificado y mantiene su plena presunción de inocencia; en cambio, la justicia, terminó infamada y deshonrada, y obligada a rectificar los dislates cometidos por la señora juez Sandra Liliana Heredia.
Rechazo a la Ilegalidad
Como lo manifesté y de nuevo lo ratifico, El Proceso, obra cimera e inacabada de Frank Kafka, resultó pálido, frente al proceso del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Ojalá que al final, brille la justicia, que nunca jamás se vuelva intentar usarla como arma política, y que el honorable Tribunal Superior de Bogotá, siente un precedente en defensa de la Rama Judicial y en condena a la violación del orden constitucional y legal. El Rechazo a la Ilegalidad es un deber. Frente a la ilegalidad, no tiene cabida el espíritu de cuerpo, y sí, que una nación marche cívicamente en rechazo a ella, y en defensa y favor de su democracia.
© 2025. Todos los Derechos Reservados. *Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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Hoy quien más pierde es la justicia colombiana en manos de un adoctrinamiento sin escrúpulos