Las FARC después de La Habana: mutación armada, rentas criminales y un Estado maniatado.
Por Elkin Argote
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Ordenar el desorden que dejó La Habana
En 2016 se firmó la paz con las FARC. Sí, se firmó. Pero no hubo paz. Lo que hubo fue un acuerdo político que cerró un frente formal de guerra mientras abría un desorden armado mucho más complejo. Nueve años después, Colombia no vive un posconflicto: vive un conflicto mutado, más rentable, más fragmentado y más difícil de contener. Basta un dato para entenderlo: según los últimos informes consolidados de Naciones Unidas y agencias antidrogas, a corte 2024–2025 Colombia supera las 250.000 hectáreas de coca, manteniendo una tendencia al alza sostenida. La principal fuente de financiación de las FARC no solo sobrevivió al acuerdo, se expandió, marcando el rumbo de las FARC después de La Habana.
El error estructural del Acuerdo: desarmar hombres y dejar intacto el negocio
El Acuerdo de La Habana partió de una premisa equivocada: que la violencia terminaba con la dejación de armas. En efecto, cerca de 13.000 combatientes entregaron sus fusiles. Pero no se desmontó el negocio. La coca, la minería ilegal, el contrabando y el tráfico de personas quedaron intactos. Entre 2013 y 2016, mientras se negociaba la paz, los cultivos de coca crecieron un 134 %, y tras el acuerdo continuaron aumentando hasta romper récords históricos entre 2023 y 2025, con una producción potencial de cocaína superior a las 2.000 toneladas anuales, según estimaciones internacionales. Ese es el punto de quiebre de las FARC después de La Habana: se dejó viva la renta y, con ella, la guerra.
El Estado Mayor Central: la FARC que nunca se fue
El Estado Mayor Central (EMC) es la prueba empírica de que las FARC no se acabaron. Agrupa frentes que nunca firmaron o que se rearmaron rápidamente y hoy suma, según estimaciones de seguridad a 2025, entre 3.500 y 4.000 hombres armados, organizados como una federación criminal con mando flexible. Está presente en el Pacífico, el suroriente y corredores estratégicos. En departamentos como Cauca, Caquetá y Nariño, el EMC controla una porción significativa de los cultivos de coca y regula la vida comunitaria. Sí, hubo acuerdo, pero el EMC se fortaleció. No por ideología, sino por renta. Así opera las FARC después de La Habana.
EMC dividido: Mordisco y Calarcá, una amenaza multiplicada
El EMC se fracturó entre Iván Mordisco, la línea de guerra abierta, y Calarcá Córdoba, la línea que aceptó diálogo con el Gobierno. Podría pensarse que esa división reduce la amenaza. Pero no: la multiplica. Dos estructuras disputan territorios, rutas y economías ilegales. En 2024 y 2025, los choques entre ambas facciones provocaron desplazamientos masivos, con decenas de miles de personas forzadas a huir. El error del Estado fue creer que negociar con una facción equivale a controlar el territorio. Mientras se dialoga, el negocio sigue intacto, como ha ocurrido con las FARC después de La Habana.
Segunda Marquetalia: una marca política sin mando real
La Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, se presentó como el regreso político a las armas. En el papel, reúne entre 1.200 y 1.500 hombres, según reportes de seguridad a 2025. En la práctica, funciona más como una marca que como una organización con mando real. Sus estructuras asociadas operan de manera autónoma en múltiples regiones, priorizando la coca, la minería ilegal y el tráfico transfronterizo. Por eso existen alianzas, rupturas y enfrentamientos internos. No hay disciplina guerrillera: hay franquicias armadas, una constante en las FARC después de La Habana.
Análisis Y Opinión
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Economía criminal y crimen transnacional: el verdadero motor
Las estructuras posFARC no pelean por ideas. Pelean por plata. Coca, minería ilegal, contrabando, tráfico de personas y control de corredores estratégicos. A esto se suma su articulación con el crimen transnacional: carteles extranjeros, mafias fronterizas y redes financieras. Tras 2016, Colombia se consolidó como el mayor productor de cocaína del mundo, abasteciendo mercados en Estados Unidos y Europa. Sí, se habló de paz, pero se permitió que las FARC después de La Habana mutaran en operadores del crimen global.
Del monte al Congreso: la captura política del Estado
Una parte de las FARC no se fue al monte: se fue al Congreso. El partido surgido del acuerdo obtuvo 10 curules garantizadas, desde donde ha impulsado una agenda funcional a la impunidad. No disparan, pero protegen. Este blindaje político se profundizó con el Gobierno Petro, que ha otorgado concesiones, evitado capturas clave —como la de Calarcá— y frenado extradiciones —como la de alias Araña—. Se habla de paz, pero se amarra al Estado y se fortalece el ecosistema criminal que define las FARC después de La Habana.
Paz total: concesiones sin control y Fuerza Pública maniatada
La política de paz total no corrigió el error original, lo agravó. En efecto, se abrieron mesas de diálogo. Pero no hubo construcción de paz. Hubo suspensión de operaciones, freno a extradiciones y un mensaje devastador para la Fuerza Pública. Se desarticuló la acción estatal, se infiltraron mandos, se reincorporaron generales afines a la izquierda y se sembró desconfianza interna. Hoy, dentro de la Fuerza, no se sabe con quién se habla ni a quién se combate. Esa es una consecuencia directa de las FARC después de La Habana.
Una paz mal hecha que multiplicó el conflicto
¿Qué pasó con las FARC después de La Habana? Pasó lo que ocurre cuando se firma un acuerdo sin control territorial ni desmonte de economías ilegales: la estructura se fragmenta, la renta se queda y el crimen se multiplica. Las FARC después de La Habana no son una anécdota histórica; son un sistema criminal activo. Esta es la primera de cuatro entregas. En las siguientes bajaremos al detalle regional, con nombres, rutas y responsables. Porque ordenar este desorden no es ideológico: es supervivencia nacional.
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Gracias coronel.por esta columna, “¿Qué pasó con las FARC después de La Habana?”. En un contexto donde el narco y el crimen transnacional amenazan la supervivencia nacional, este análisis desmonta con datos el fracaso estructural del Acuerdo de 2016 y las verdaderas intenciones de la llamada paz total de este gobierno.