La USO impone un peaje extorsivo: Cobros dobles y contratistas obligados sostienen un feudo sin control ni transparencia.
Por José Guillermo Mejía J
X Twitter: @JoseGMejiaMBA
Un peaje sindical que asfixia
Gustavo Petro y el Ministerio de Trabajo dejaron en firme una resolución que consagra el cobro del 1 % del salario a todo trabajador del sector petrolero que reciba beneficios de una convención firmada por la Unión Sindical Obrera (USO). La novedad es decisiva: alcanza también a contratistas y subcontratistas. Para miles de empleados ya afiliados a un sindicato distinto, el efecto es un “peaje” doble: 1 % para su organización y otro 1 % para la USO.
No es retórica: un operario con sueldo de $3.000.000 verá $30.000 para su sindicato y otros $30.000 para la USO cada mes. A escala sectorial, es una máquina de recaudo. Esa doble cuota, en la práctica, es percibida por trabajadores y analistas como una carga asfixiante, un “peaje” que ahoga con descuentos que no eligieron.
Los números hablan
La USO reporta alrededor de 23.459 afiliados. Si cada uno aporta el 1 % sobre un salario promedio de $4.000.000, el sindicato recoge cerca de $938 millones mensuales, unos $11.260 millones al año. Con la resolución, entra a jugar la población de contratistas en el entorno de Ecopetrol. Si se asumen 70.000 contratistas y el mismo salario promedio, el 1 % significa $2.800 millones mensuales adicionales, es decir, $33.600 millones al año.
En conjunto, entre afiliados y contratistas, la caja recurrente de la USO rondaría $3.738 millones al mes y casi $44.860 millones al año. No es un cálculo caprichoso: incluso El Tiempo resumió el impacto en “unos $4.000 millones mensuales” de recaudo adicional. Para críticos del modelo, la palabra “peaje” deja de ser metáfora y pasa a describir una práctica percibida como extorsiva.
Escándalos y peleas internas
El problema no es solo el monto, sino el manejo. La USO no llega a este nuevo poder recaudatorio como una página en blanco. Su historia reciente exhibe choques internos y denuncias públicas sobre el uso de recursos: señalamientos de “tesorero de bolsillo”, firmas usadas sin control y documentos extraviados; además, advertencias de “fracturas internas sin precedentes” y pactos de silencio alrededor de presuntos manejos opacos.
La tensión no quedó en comunicados: la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO) acusó a la cúpula de la USO de retirar, de forma autoritaria, un pliego aprobado por alrededor de 1.500 trabajadores. La fotografía que surge de estas denuncias es inequívoca: concentración de decisiones, disciplina vertical y escaso debate sobre el destino de la caja.
Análisis Y Opinión
Si el artículo “¡Impactante! La USO: del sindicalismo al peaje extorsivo que ahoga trabajadores” te resulta alarmante, es porque lo es. La comprensión profunda de este fenómeno requiere análisis serio, valiente y sin filtros.
Visita nuestra sección de Análisis y Opinión, donde expertos desglosan los acontecimientos más relevantes con una perspectiva crítica y fundamentada.
Sobre infiltraciones y simpatías ideológicas
A lo largo de los años se ha especulado, en crónicas, testimonios y debates públicos, sobre intentos de infiltración de grupos armados y del partido comunista clandestino en sindicatos del sector petrolero, incluida la USO. Hasta la fecha, ninguna sentencia judicial firme ha demostrado responsabilidad de la organización como tal.
Lo que sí es cierto es que esas versiones, amplificadas en la prensa y en círculos políticos, han alimentado la percepción de que dentro de la USO existirían corrientes de simpatía con ideologías radicales de izquierda. En consecuencia, más que un hecho probado, se trata de una controversia histórica y política.
El desvío del sentido misional
Lejos de limitarse a la defensa laboral, la USO ha incursionado en la política. En 2022, la organización aportó $1.033 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro, según registros oficiales divulgados por el CNE y reportados en medios. El sindicato puede argumentar que apoya un proyecto afín a su ideario; el problema es otro: el dinero nace de cuotas obligatorias, ahora potenciadas por un segundo cobro a beneficiarios no afiliados.
En términos prácticos, obreros y contratistas financian, les guste o no, la caja de un actor sindical que, a su vez, financia poder político.
La red de blindaje político
La arquitectura del poder sindical no se sostiene sola. En la junta directiva de Ecopetrol aparece Mónica de Greiff, expresidenta de la corporación, quien ha optado por no pronunciarse frente a los cuestionamientos que rodean al actual presidente de la petrolera, Ricardo Roa. Ese silencio ha sido interpretado por críticos como un gesto que facilita que la USO maniobre sin contrapesos desde la mayor empresa del país.
A esto se suma la sombra del ministro Edwin Palma, antiguo presidente de la USO y de la junta de Ecopetrol, exempleado laboratorista, quien, según reportes de prensa, ha sido mencionado en investigaciones por presunta corrupción en la empresa Air-e, en la cual se habrían detectado sobreprecios por al menos $4.000 millones en adquisiciones de equipos y servicios.
En vez de neutralidad institucional, se percibe una puerta giratoria que protege al sindicato desde el poder político y desde la empresa pública más grande del país.
El sector privado en la mira
El proyecto del Ministerio de Trabajo de instaurar la negociación por sectores económicos traslada la discusión de la mesa empresa por empresa a grandes mesas sectoriales. En un país donde apenas cerca del 4 % de los trabajadores está sindicalizado (alrededor de 1,2 millones de personas), la USO representa una fracción pequeña de ese universo: 23.459 afiliados y, a nivel del total de los trabajadores en Colombia, es el 0,8 por mil.
Pero con la negociación sectorial podría adquirir un peso desproporcionado sobre actividades enteras: energía, transporte, comercio, alimentos. El resultado previsible, según empresarios y analistas, sería menos autonomía para empresas y pymes, más rigidez para ajustar cargas según productividad y mayor poder de veto para un sindicato con control de una chequera creciente.
@josegmejiamba La USO: del sindicalismo al peaje casi extorsivo. Petro y MinTrabajo aprobaron cobrar 1% del salario a todos los trabajadores petroleros, incluso contratistas. Cobros dobles, cero transparencia y un feudo que se financia como caja política.
♬ sonido original – José Guillermo Mejía
El gobierno Petro celebra que “devuelve al sindicalismo su papel fundamental”. En realidad, devuelve una caja multimillonaria a un sindicato con antecedentes de opacidad, doble cobro y financiamiento político. La pregunta ya no es si habrá plata, eso está asegurado, sino quién vigilará el botín y si alguna vez habrá transparencia en el manejo de los recursos.
Hoy la USO no refleja la pluralidad del sindicalismo y es percibida por críticos como un recaudador compulsivo y actor político, blindado por silencios cómplices y con una caja difícil de auditar que crece cada mes al ritmo de miles de descuentos forzosos.
Fuentes: Consejo Nacional Electoral – CNE (2022); Semana (10 mayo 2025; 8 septiembre 2025); RCN Radio (10 mayo 2025); Ministerio de Trabajo (22 agosto 2025; Resolución 3380 de 2025); USO (22 agosto 2025); Blu Radio (8 septiembre 2025); El Colombiano (9 septiembre 2025); El Tiempo (22 septiembre 2025); DANE (2025); OIT (2025).
© Todos los derechos reservados. El contenido de esta columna pertenece exclusivamente a su autor.
Mantente informado con análisis precisos y sin censura como este, “¡Impactante! La USO: del sindicalismo al peaje extorsivo que ahoga trabajadores” por José Guillermo Mejía J.
Sigue nuestras actualizaciones en tiempo real y sé parte del debate sobre los temas que definen el futuro.
- X (Twitter): @ForoColombiaX
- YouTube: Foro Colombia
- Facebook: Foro Colombia Libre
- TikTok: @forocolombiax
La información es poder.
