La JEP como lavadora moral de las FARC evidencia una justicia desigual que castiga al Estado y absuelve a la guerrilla.
Por Orlando Ladeutt
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La condena de 20 años de prisión contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía no puede leerse como un triunfo de la justicia sin antes mirar el espejo completo. Porque en Colombia, hoy, la justicia transicional no castiga con la misma vara: es implacable con los militares y extraordinariamente benévola con los jefes guerrilleros. Y esa asimetría no es un detalle técnico: es el corazón del problema.
Una justicia con doble rasero
La [Jurisdicción Especial para la Paz] decidió enviar a prisión efectiva a un oficial del Ejército por crímenes gravísimos cometidos en el marco de una guerra degradada. Nadie discute la gravedad de los hechos ni el dolor irreparable de las víctimas. Pero sí es legítimo —y necesario— cuestionar por qué ese rigor no existe cuando se juzga a quienes diseñaron, ordenaron y sostuvieron durante décadas una maquinaria criminal insurgente.
“La JEP como lavadora moral de las FARC“
Sanciones simbólicas para crímenes masivos
Mientras un coronel enfrenta cárcel real, los exintegrantes del Secretariado de las responsables de secuestros masivos, asesinatos, reclutamiento de menores, atentados terroristas y desplazamientos— reciben sanciones simbólicas, sin prisión, sin reclusión, sin una pena que se parezca mínimamente a la magnitud del daño causado. Ocho años de “trabajos restaurativos” para quienes convirtieron el secuestro en política y el terror en método no es justicia: es indulgencia institucionalizada.
Análisis Y Opinión
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La verdad como moneda de cambio
La narrativa oficial insiste en que la diferencia está en el “reconocimiento temprano” y el “aporte a la verdad”. Pero ese argumento se cae por su propio peso cuando la verdad se convierte en moneda de cambio para evitar la cárcel. Confesar no puede ser un salvoconducto para borrar décadas de barbarie, ni mucho menos para transformar a antiguos jefes armados en actores políticos sin que medie una sanción proporcional.
Del tribunal al escenario político
Aquí es donde la JEP deja de ser un tribunal y empieza a parecer un escenario de compensación política. Al militar se le exige todo: verdad, culpa, cárcel y oprobio público. Al guerrillero se le ofrece un camino amable: relato controlado, sanción blanda y reinserción sin verdadero costo penal. El mensaje es devastador: defender al Estado —incluso equivocadamente— se paga más caro que atacarlo sistemáticamente.
“La JEP como lavadora moral de las FARC“
Una justicia que pierde legitimidad
No se trata de justificar crímenes ni de negar responsabilidades. Se trata de algo más profundo: la igualdad ante la ley. Una justicia que castiga selectivamente pierde legitimidad moral. Y una justicia transicional que termina pareciéndose a una amnistía encubierta para los máximos responsables de la guerrilla no construye paz, sino resentimiento, desconfianza y fractura social.
Paz sin proporcionalidad no es paz
El país no puede aceptar como normal que quienes vistieron uniforme y actuaron —bien o mal— bajo una cadena de mando estatal reciban condenas ejemplarizantes, mientras los arquitectos de la insurgencia armada son tratados como infractores menores con vocación pedagógica. Eso no es equilibrio, es revanchismo judicial.
“La JEP como lavadora moral de las FARC“
La paz no se construye humillando a una de las partes y redimiendo a la otra. La paz se construye con justicia proporcional, sin sesgos ideológicos y sin relatos complacientes. Hoy la JEP no está cerrando heridas: está reabriéndolas, al consolidar la idea de que en Colombia hay crímenes imperdonables si se cometieron desde el Estado, y crímenes negociables si se cometieron contra él.
Autor: Orlando Ladeutt
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