Las consultas presidenciales revelan una desigualdad financiera que afecta la equidad democrática.
Por Orlando Ladeutt
X Twitter: @orlandoladeutt
El 8 de marzo de 2026 los colombianos participarán en las consultas presidenciales interpartidistas, una jornada previa en la que no habrá electorados distintos ni competencias aisladas. Ese día, un mismo ciudadano deberá escoger entre dos grandes bloques políticos —la consulta de la izquierda y la consulta de la derecha— que competirán simultáneamente por el mismo voto. Pese a esa realidad, el Consejo Nacional Electoral decidió regular ambas consultas como si fueran internamente equivalentes, fijando para las dos un mismo tope de gastos, sin atender la forma real en que están conformadas.
Ahí comienza el problema.
Un tope igual para realidades políticas distintas
El CNE estableció un único tope por consulta, no por candidato. En apariencia, la regla podría parecer neutral. Sin embargo, ese tope debe dividirse en partes iguales entre todos los precandidatos de cada bloque, sin que importe cuántos sean. Y hoy las consultas presidenciales no son comparables: la de la izquierda cuenta con tres o cuatro aspirantes; la de la derecha, con cerca de diez.
La consecuencia es directa y verificable: cada precandidato de la izquierda podrá disponer de muchos más recursos que cada precandidato de la derecha para persuadir exactamente al mismo elector.
Una ventaja financiera estructural
No se trata de una diferencia marginal ni de un tecnicismo contable. Se trata de una ventaja financiera estructural creada por la norma. Si, por ejemplo, el tope por consulta fuera de diez mil millones de pesos, en la consulta de la izquierda, con cuatro aspirantes, cada precandidato podría gastar dos mil quinientos millones. En cambio, en la consulta de la derecha, con diez aspirantes, cada uno apenas dispondría de mil millones.
Ambos bloques compiten por el mismo votante, el mismo día y bajo la misma jornada electoral de las consultas presidenciales, pero la norma les asigna capacidades de campaña profundamente desiguales.
En este diseño, la pluralidad no se estimula, se castiga.
Análisis Y Opinión
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La pluralidad como factor de desventaja
Y eso es lo verdaderamente grave. Porque una democracia sana debería promover la diversidad de opciones, no convertirla en un factor de desventaja. Bajo la fórmula adoptada por el CNE, quien llega con menos competencia interna obtiene mayor capacidad financiera; quien abre el juego a más liderazgos reduce, por regla, su posibilidad de hacerse visible.
La desigualdad no es abstracta. Más recursos significan mayor presencia en medios y redes, más recorridos territoriales, más publicidad y mayor capacidad de movilización. En campañas contemporáneas, el dinero no garantiza el triunfo, pero sí determina quién logra posicionarse en la conversación pública.
Cuando la igualdad deja de ser equitativa
Cuando la autoridad electoral distribuye los recursos de manera que unos pueden hablar más fuerte que otros, la competencia deja de ser equitativa. En el marco de las consultas presidenciales, este desequilibrio no es menor, pues incide directamente en la visibilidad de las candidaturas.
Lo paradójico es que el propio CNE sí ha demostrado, en otros escenarios electorales, que es capaz de distinguir y ajustar las reglas según la naturaleza de la competencia. Sin embargo, en las consultas presidenciales optó por una fórmula rígida que ignora la realidad política de los bloques que compiten por el mismo electorado.
La igualdad como base de legitimidad
Lo que aquí se reclama no es la eliminación de los topes ni una flexibilización irresponsable del gasto. Se reclama algo más básico: que la igualdad no sea solo formal. Que el número de participantes en cada consulta sea un criterio relevante. Que dos bloques que disputan los mismos votos lo hagan en condiciones reales de equilibrio y no con ventajas creadas desde la regulación.
Porque cuando una norma termina favoreciendo a un sector no por su respaldo ciudadano, sino por su menor pluralidad interna, el problema deja de ser político y se convierte en democrático.
El Consejo Nacional Electoral no puede, por rigidez normativa u omisión, convertirse en un actor que incline la balanza de la competencia presidencial. En una elección de esta magnitud, y particularmente en las consultas presidenciales, la igualdad en las reglas no es un detalle técnico, es la base misma de la legitimidad del resultado.
Por Orlando Ladeutt
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