La Constituyente impulsada desde el poder amenaza la separación de poderes y abre la puerta al autoritarismo.
Por Orlando Ladeutt
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La inscripción del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría no es un gesto inocente ni un ejercicio espontáneo de participación ciudadana. Es un movimiento político deliberado, ejecutado desde el poder, que revela una verdad incómoda: el Gobierno ha decidido buscar por fuera de las instituciones lo que no logró dentro de ellas.
La Constituyente como reacción al fracaso legislativo
Cuando un Presidente impulsa una Constituyente tras fracasar en el Congreso, no está fortaleciendo la democracia. Está deslegitimando el sistema representativo y cuestionando el principio básico de separación de poderes. El mensaje implícito es claro: si el Parlamento no aprueba mis reformas, entonces el problema no son mis proyectos, sino el Congreso mismo.
Ese razonamiento es peligroso.
El Congreso no es un obstáculo, es un contrapeso
El Congreso de la República no es un obstáculo ilegítimo; es un contrapeso constitucional. Allí se expresa la pluralidad política del país, allí se debate, se corrige y se limita el poder. Pretender saltarlo invocando al “pueblo” como argumento superior no es una innovación democrática, sino una forma clásica de erosión institucional.
La Constituyente no es necesaria para reformar
El Gobierno insiste en que la Constituyente serviría para “desbloquear reformas sociales”. Pero la Constitución ya prevé mecanismos para reformar leyes, incluso para modificar la propia Carta Política, sin destruir el equilibrio de poderes. Si esas reformas no fueron aprobadas fue porque no contaron con mayorías suficientes, no porque el sistema esté roto.
En democracia, perder votaciones no habilita a cambiar las reglas del juego.
Análisis Y Opinión
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Lecciones claras de la historia latinoamericana
La historia latinoamericana es clara en este punto: las Constituyentes impulsadas desde el poder rara vez buscan ampliar libertades; suelen servir para concentrar autoridad, debilitar controles y reconfigurar el Estado a favor del Gobierno de turno. No llegan como rupturas abruptas, sino como procesos “participativos” que, una vez activados, arrasan con los límites institucionales.
La Constituyente como herramienta de presión política
Aquí no se trata de un debate jurídico abstracto. Se trata de una señal política concreta: el Presidente está dispuesto a redefinir el orden constitucional para evitar el escrutinio del Congreso. Eso rompe el sistema de pesos y contrapesos y coloca a la democracia en una zona de riesgo.
Cuando el poder constituyente se usa como herramienta de presión política, deja de ser soberano y se convierte en instrumental.
Una Asamblea Constituyente no es un mecanismo de conveniencia ni una salida a la frustración legislativa. Es la expresión más extrema del poder político y, por lo mismo, exige consensos amplios, tiempos de maduración y una necesidad real de refundación institucional. Nada de eso está hoy sobre la mesa. Lo que hay es un Gobierno que confunde gobernar con imponer.
Colombia no enfrenta una crisis constitucional que justifique este camino. Enfrenta, más bien, una crisis de gobernabilidad que no se resuelve debilitando al Congreso ni tensionando el orden institucional. Se resuelve con diálogo, acuerdos y respeto por los límites del poder.
Las dictaduras no suelen anunciarse como tales. Empiezan, casi siempre, erosionando las instituciones que incomodan y justificando los atajos en nombre del pueblo. Si se normaliza que un Gobierno intente legislar sin el Congreso y reescribir las reglas para sortear la oposición, el país podría descubrir —demasiado tarde— que este no fue un episodio más de confrontación política, sino el inicio silencioso del verdadero tránsito hacia la dictadura.
Autor: Orlando Ladeutt
© Todos los derechos reservados. El contenido de esta columna pertenece exclusivamente a su autor.
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