Justicia simétrica: crítica jurídica a la JEP y su impacto sobre las víctimas de la Fuerza Pública en Colombia.
Artículo por: Abg. Lorena Lázaro Ocampo
Twitter: @AbgLoreLazaro_

Escribo esto con la rabia técnica de quien ve cómo destruyen un país desde los estrados. La JEP no es un tribunal; es un laboratorio de reescritura histórica diseñado para validar la barbarie y convertir a los verdugos en filósofos de la paz. Mientras el país se desangra, este santuario de impunidad gasta billones en blindar a criminales de guerra mientras ignora deliberadamente a más de 400.000 soldados y policías, que son las verdaderas víctimas de este conflicto.
Como decía mi abuelita: “Lo pueden mandar a uno al carajo, pero si lo dicen bonito, uno hasta se va”. Pues bien, la JEP lo dice muy bonito, pero Colombia ya no tiene estómago para tanta infamia.
“Justicia Simétrica”
La justicia simétrica como mecanismo de impunidad
Este tribunal de excepción terminó siendo el acta de defunción de la justicia real. La JEP ha gastado billones en presupuesto, pero tras años de funcionamiento, las sentencias sancionatorias contra máximos responsables de las FARC son inexistentes. Justicia que tarda no es justicia; es blindaje procesal financiado por los colombianos.
La llamada justicia simétrica ha vaciado de contenido la responsabilidad penal, sustituyendo el castigo proporcional por narrativas acomodadas que legitiman la barbarie bajo un ropaje jurídico.
Análisis Y Opinión
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Las víctimas de la Fuerza Pública relegadas al olvido
Más de 400.000 miembros de la Fuerza Pública son víctimas reconocidas del conflicto. Sin embargo, no existen macrocasos exclusivos para soldados mutilados por minas antipersonal, pese a que el 60 % de las víctimas de estos artefactos en Colombia son militares.
Familias destruidas observan cómo sus victimarios legislan y reciben millonarios sueldos sin haber aportado verdad plena ni reparado con un solo peso de sus fortunas ilícitas. Para la JEP, estas víctimas son apenas una nota al pie.
“Justicia Simétrica”
La justicia restaurativa como coartada política
Pedir perdón en un estrado no repara un secuestro ni devuelve una vida. Sin cárcel efectiva para crímenes de lesa humanidad, se viola el Estatuto de Roma y el deber de protección del Estado.
En la justicia ordinaria, las órdenes de captura por atrocidades eran reales. En la JEP, se suspenden bajo el pretexto de una “paz” que no llega a los territorios. Se premió al victimario y se desarmó moralmente a la ley.
El trato es abiertamente asimétrico: a los militares se les exige un estándar de verdad que raya en la autoincriminación forzada, mientras a las FARC se les aceptan relatos vagos que ocultan rutas de narcotráfico y el paradero de desaparecidos.
Una igualdad ante la ley que dejó de existir
No pueden existir dos países: uno donde el ciudadano paga cárcel por delitos menores y otro donde el criminal de guerra recibe una curul por cometer masacres. La igualdad ante la ley ha muerto bajo la justicia simétrica administrada por la JEP.
El modelo es cuestionado internacionalmente por su falta de rigor frente a la cadena de mando. El mensaje es devastador: en Colombia, el crimen de lesa humanidad paga si se camufla de política y se cuenta con un tribunal a la medida.

La JEP intenta equiparar la defensa del Estado con el terrorismo sistemático. Esa equiparación es una aberración técnica que ofende la memoria de nuestros caídos. La reparación sigue siendo inexistente: bienes simbólicos, fortunas intactas y una burocracia dorada que no ha movido un dedo por las familias de los soldados y policías víctimas.
“Justicia Simétrica”
Reformar o cerrar la JEP no es ir contra la paz. Es ir a favor de la justicia. Una paz sin castigo es una tregua costosa que humilla a las víctimas y empodera a los verdugos.
La JEP ha perfeccionado el arte de la alquimia judicial: convertir el plomo de los verdugos en el oro de la “paz”, mientras entierra bajo carpetas burocráticas el honor de más de 400.000 soldados y policías. Si la justicia es ciega, en Colombia además es sorda frente al clamor de las víctimas y muda para sentenciar a los verdaderos criminales.
Sigan dándole brillo a su relato “bonito”, señores magistrados, pero la historia no se borra con tribunales de excepción. Un pueblo sin estómago para la infamia termina, tarde o temprano, por vomitar a sus impostores.
Abg. Lorena Lázaro Ocampo
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