En Colombia, la tierra cambia de dueño sin venderse: decretos del gobierno Petro están arruinando productores y destruyendo empleo rural.
Por José Guillermo Mejía J.
X Twitter: @JoseGMejiaMBA
El nuevo orden agrario: cuando la tierra cambia de dueño
En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha emprendido una transformación silenciosa, profunda y peligrosa: redefinir la propiedad rural sin expropiar formalmente. Lo hace por decreto, desde los despachos ministeriales, bajo el noble discurso de “proteger el suelo agrícola” y “garantizar la soberanía alimentaria”. Pero detrás de esa retórica ambientalista se esconde un proceso de recentralización del poder sobre la tierra, que está dejando a miles de productores sin voz, sin crédito y sin capacidad de decisión sobre su propio suelo.
El nuevo orden agrario no cambia títulos, cambia derechos. La tierra sigue siendo del propietario, pero el Estado decide qué puede sembrar, cómo puede hacerlo y hasta cuándo puede hacerlo. En los hechos, la tierra cambia de dueño sin pasar por una venta ni una expropiación formal.
El caso de “El Manantial”: la finca que dejó de producir
En Tocancipá (Cundinamarca), la finca “El Manantial” —un proyecto hortofrutícola con 320 hectáreas, 120 trabajadores y 12.500 millones de pesos en inversión— era un ejemplo de eficiencia y tecnificación agrícola. Exportaba hortalizas a Ecuador y Canadá, con certificaciones ambientales y trazabilidad completa.
“Cuando la tierra cambia de dueño sin venderse“
Todo se vino abajo cuando el Ministerio de Agricultura expidió la Resolución 352 de 2024, que la incluyó dentro de una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA). El 80 % del predio fue reclasificado como “zona de conservación agroecológica”, prohibiendo la construcción de bodegas, invernaderos y plantas de empaque.
El propietario lo resume así:
“El Estado no me quitó la tierra, pero me la inutilizó. Para seguir sembrando lo mismo debo tramitar permisos que cuestan millones y demoran meses. No puedo ampliar, ni diversificar, ni garantizar la rentabilidad. Me quebraron con resoluciones.”
En seis meses, el crédito agrícola de 5.600 millones fue cancelado, el valor del predio cayó de 15.000 a 6.200 millones y 90 empleos formales desaparecieron. Así, otra vez, la tierra cambia de dueño: sigue en manos privadas, pero controlada por decretos estatales.
Qué pasa con los cultivos existentes
Los productores que hoy trabajan dentro de las zonas declaradas como ZPPA o APPA enfrentan un laberinto normativo. Solo pueden mantener sus cultivos actuales si presentan ante la UPRA y la CAR un Plan de Manejo Productivo Transitorio, con estudios de impacto ambiental y prácticas de “agricultura sostenible”.
Si el plan no se aprueba, deben cesar actividades en 12 a 24 meses o reconvertir los cultivos hacia otros de “menor impacto”, generalmente menos rentables. Los nuevos proyectos agroindustriales, incluso de pequeña escala, no pueden tramitarse dentro de estas zonas sin autorización directa del Ministerio.
En la práctica, esto equivale a congelar la tierra productiva. El campesino o empresario ya no decide; obedece. La tierra no cambia de manos, pero la tierra cambia de dueño en la forma de control y poder.
Análisis Y Opinión
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Un país que legisla contra su propio campo
El señor Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), alertó que el Gobierno Petro está “invadiendo competencias de los entes territoriales al modificar el uso del suelo sin concertación previa”, violando la autonomía municipal y la propiedad privada.
“Estas medidas centralizadas, en nombre de la sostenibilidad, están destruyendo la productividad y la inversión rural”, señala el informe Reformas sobre el ordenamiento territorial y usos del suelo (ICP, 2025).
El Consejo Gremial Nacional, por su parte, advirtió en abril de 2024 que el Decreto 044 de 2024 “genera incertidumbre para la actividad minera y agroindustrial”, al permitir que ministerios modifiquen los usos del suelo sin aprobación local (La República).
Y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) confirmó en su Plan de Acción Institucional 2025 que ya se han identificado 2,3 millones de hectáreas bajo figuras de protección y que la meta del gobierno es alcanzar cinco millones para 2026. Sin embargo, el mismo documento reconoce que no existen mecanismos de compensación económica para los afectados.
“Cuando la tierra cambia de dueño sin venderse“
El costo de la “protección”
Según cálculos del Consejo Gremial Nacional y la SAC, más de 150.000 hectáreas productivas están en riesgo de paralización y las pérdidas anuales podrían superar los 500.000 millones de pesos, solo en Cundinamarca. En Antioquia y Santander, las nuevas delimitaciones ya han frenado 12.000 empleos indirectos, principalmente en floricultura, ganadería y proyectos agroindustriales.
Mientras tanto, el presidente Petro celebra la “entrega” de 570.000 hectáreas al campesinado y la formalización de 1,7 millones más, cifras que suenan grandilocuentes, pero que esconden un hecho inquietante: el país está entregando tierra improductiva mientras asfixia la que sí produce. Una paradoja donde la tierra cambia de dueño de manera silenciosa y regulada.
Un campo sin autonomía, un país sin futuro
Colombia está ante un fenómeno inédito: la expropiación por regulación. No se necesita decomisar la tierra para arrebatársela a su dueño; basta con prohibirle usarla. Lo que comenzó como una estrategia de planificación agroambiental se está convirtiendo en una política de control político y económico sobre el campo.
Finalmente, el señor Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), advierte:
“La sostenibilidad no puede ser excusa para anular la libertad económica. Un territorio sin propiedad efectiva es un país sin futuro productivo.”
El gobierno Petro llama a esto “ordenamiento justo”. Pero en las veredas, los cultivos se mueren, los trabajadores emigran y los dueños ya no mandan. La tierra cambia de dueño, no por venta ni por herencia, sino por decreto.
El campo no necesita salvadores con decretos, sino reglas estables y respeto. El gobierno que prometió justicia social terminó confiscando la productividad.
Por José Guillermo Mejía J.
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