El atraco legal del gobierno se disfraza de emergencia económica y termina costándole al país crecimiento, inversión y futuro.
Por: José Guillermo Mejía J
X Twitter: @JoseGMejiaMBA
Imaginemos que Colombia es una casa grande. “La Casa Colombia”. En ella vivimos todos: trabajadores, empresarios, empleados públicos, pensionados y jóvenes que apenas comienzan su vida productiva. Cuando el Gobierno afirma que “la economía va bien”, lo que realmente está diciendo es algo mucho más limitado: que la casa todavía no se ha caído.
El techo sigue en su lugar y las paredes no se han venido abajo. Pero eso no significa que la casa no se vaya a caer. Y cuando ese deterioro se normaliza desde el poder, el país termina atrapado en un atraco legal que se disfraza de gestión.
Lo más grave es que el relato oficial intenta cubrir ese desgaste con retórica, mientras el ciudadano común siente el golpe en su bolsillo. Esa es la esencia del atraco legal: que parezca “técnico”, pero termine siendo castigo.
El rebote ya pasó y el crecimiento se agotó
En 2022, “La Casa Colombia” tuvo un año excepcional. La economía creció 7,5 %, impulsada por el rebote posterior a la pandemia. Fue como cuando una familia recibe un ingreso extraordinario y logra ponerse al día con varias deudas atrasadas. Pero ese impulso no era permanente. No era resultado de una transformación productiva, sino de un efecto transitorio.
El choque de realidad llegó rápido. En 2023, el crecimiento cayó cerca del 1 %. Para 2024 y 2025, las proyecciones se ubican entre 2 % y 2,5 %. En la vida cotidiana, esto significa que los ingresos de la casa siguen creciendo, pero apenas. Lo justo para cubrir lo básico. Con ese ritmo no se amplía la casa, no se refuerzan los cimientos y no se construye futuro.
Invertir es mantenimiento, y el mantenimiento se abandonó
Invertir es, en términos simples, hacerle mantenimiento a la casa. Cambiar el techo antes de que colapse, arreglar las tuberías antes de que revienten, reforzar columnas antes de que se agrieten. En un país, eso significa invertir en fábricas, infraestructura, maquinaria, tecnología y vivienda.
En Colombia, la inversión privada se ha desplomado. Alrededor de US$16.000 millones anuales dejaron de invertirse en sectores productivos. Esa cifra no es ideológica: realidad económica. Es dinero que no entró a proyectos, que no generó empleo, que no aumentó la capacidad productiva del país. Que se traduce en que nuestras deudas sean más costosas.
En “La Casa Colombia”, esto implica que se dejaron de reparar grietas visibles. No se hizo mantenimiento. Hoy la casa sigue en pie. Mañana, el deterioro pasa factura, y casi siempre lo hace de forma costosa. Y cuando el Estado convierte esa factura en regla, el resultado se parece demasiado a un atraco legal.
Gastar más de lo que entra: la normalización del déficit
Mientras la inversión cae, el Estado sigue gastando como si los ingresos fueran infinitos. Cuando un país gasta más de lo que recibe, incurre en déficit fiscal. Hoy ese déficit ronda el 7 % del PIB. Dicho de forma sencilla: por cada $100 que produce la casa Colombia, se gastan $107.
La diferencia se cubre con deuda. Exactamente igual que una familia que paga el mercado con tarjeta porque el salario no alcanza. El problema no es hacerlo una vez; el problema es volverlo costumbre y llamar a eso política económica. Y después pretender que el hueco se tape con un atraco legal.
Análisis Y Opinión
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La deuda y el costo de perder credibilidad
La deuda pública ya supera los US$240.000 millones. El Gobierno insiste en que es “manejable”. Pero cualquiera que haya tenido una hipoteca sabe que no basta con poder pagar este mes. Importa cuánto se paga en intereses y cuánto margen queda para enfrentar el futuro.
Aquí aparece un indicador de los bancos internacionales e inversionistas clave: el EMBI. En términos prácticos, es el castigo que te impone el banco cuando deja de confiar plenamente en ti. Hace algunos años, Colombia tenía un EMBI cercano a 220 puntos. Hoy ha llegado a niveles alrededor de 900 puntos. Es una señal clara de desconfianza.
Ese aumento tiene un costo real. Colombia paga hoy cerca de US$4.000 millones adicionales al año solo por intereses más altos, por cuenta de la incertidumbre de Petro; prácticamente los intereses se han duplicado. En pesos, unos $16 billones que no van a inversión social ni productiva, sino a cubrir el precio del desorden fiscal. Ese sobrecosto se convierte, en la práctica, en otro atraco legal.
Financiarse cada vez más caro no es una casualidad
Para completar el panorama, el Gobierno realizó una emisión privada de $23 billones a tasas cercanas al 13 %, reflejando cuánto se ha encarecido el financiamiento. Hace pocos años, los TES se colocaban entre 6 % y 7 %. Hoy se pagan entre 4 y 6 puntos porcentuales más.
Cada punto adicional implica cerca de $230.000 millones anuales en intereses. Es una señal inequívoca de mayor riesgo fiscal y menor credibilidad. No es discurso político: es aritmética básica, que muestra la irresponsabilidad. No estamos llegando a fin de mes, es decir, los ingresos no cubren los gastos, y Petro sigue gastando más. El problema es que luego se pretende “corregir” con un atraco legal.
Sin seguridad no hay economía que aguante
A todo esto, se suma el deterioro del orden público. Más de 13.000 homicidios al año, secuestros que han aumentado más del 70 %, extorsiones cerca del 90 %, más de 300 líderes sociales asesinados, y cerca del 75 % del territorio nacional afectado por grupos armados ilegales.
Sin seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay crecimiento. Pretender aislar la economía del caos territorial es una ficción peligrosa. Y cuando se mezcla inseguridad con desorden fiscal, el atraco legal se vuelve doble: en la calle y desde el Estado.
El atraco legal y la emergencia económica como atajo de bandidaje fiscal
En este contexto, el Gobierno parece esperar deliberadamente el cierre del año para decretar una emergencia económica, sabiendo que carece de sustento constitucional; así actúa Petro dentro la mafia alcabalera. Bajo la excusa de la urgencia y no del desorden, del populismo que regala todo, se prepara un asalto fiscal generalizado: impuesto al patrimonio de hasta 5 %, alzas al consumo entre 20 % y 30 %, aumento del 4×1000 en 25 % y un nuevo gravamen del 1 % a sectores extractivos.
La izquierda ya demostró en Colombia lo que sabe hacer: destruir lo público y por ende lo privado, mientras unos pocos se enriquecen, como ocurrió en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
No permitamos que esa mafia política siga. Es garantía de pobreza, hambre, inmoralidad, fraude, persecución, violencia, bandidaje, saqueo, represión, etc.
En 2026 está en juego la reconstrucción del país: el poder debe volver a manos de quienes defienden la libertad, la ley, la libre iniciativa, el estado eficiente y el progreso. Porque si se normaliza el atraco legal, lo siguiente ya no es crisis: es ruina.
Autor: José Guillermo Mejía J
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